jueves, 12 de noviembre de 2009

Representantes del Pueblo o de la Oligarquia y Burguesia

REPRESENTANTES DEL PUEBLO O DE LA OLIGARQUIA Y BURGUESIA

“El amor a la patria mejora las costumbres, y la bondad de las costumbres aumenta el amor a la patria”

Montesquieu.

Jorge Alberto Palma C[1]

La Democracia es un vocablo usado indistintamente de acuerdo a los intereses de los grupos económicos que gobiernan el país. Democracia de y para los ricos es una democracia muy limitada, en donde sólo algunos pocos tienen acceso a la salud, la educación el trabajo y la distribución de la riqueza. Una democracia donde el pueblo sólo es utilizado para ejercer el sufragio cada cuatro años con planillas (planchas) preelaboradas por los que ostentan el poder.

Un remedo de democracia en donde el pueblo es sometido por las decisiones de una minoría que controla el Estado y las fuerzas productivas. Por ello es que los sectores de la burguesía y la oligarquía defienden este tipo de democracia basada en la explotación de los pobres y de privilegios para los ricos.

El otro tipo es la Democracia popular en donde el pueblo a través del control de las instituciones del Estado ejerce el poder. El Estado caracterizado por la solidaridad humana, es decir, la democracia basada en la igualdad de derechos y participación social.

Nos decía Rosseau que “La soberanía más que el ejercicio de la voluntad general nunca se puede enajenar, y que el soberano que es un ente colectivo, solo puede estar representado por sí mismo: el poder bien puede transmitirse pero la voluntad no”[2]. Se refiere a la voluntad soberana del pueblo que delega en sus representantes la voluntad popular para legislar por el bien común y no sólo de manera particular para los grupos económicos y políticos de poder, tal como sucede en el sistema político hondureño que únicamente llama al pueblo a ejercer el sufragio cada cuatro años.

En un Estado de corte liberal como el hondureño instaurado después de la Independencia de 1821 y que aparece en la primera Constitución Federal de 1824, como un Estado, inspirado en la corriente liberal positivista, la Revolución Francesa y la Carta de Independencia de los Estados Unidos de América (USA),con los Tres Poderes planteados por Montesquieu: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los mismos que operan supuestamente de forma separada y no concentrada en una persona, familia o corporación. Los diputados como representantes de la expresión popular deben de gozar de absoluta independencia, tanto de los demás poderes, como de los grupos económicos, que son en definitiva quienes establecen la agenda legislativa.

Pero no sucede así, ya que en el caso de la Democracia hondureña en su última etapa que comprende el período de 1980 a 2009, los hechos han demostrado al servicio de quienes ha estado. En la primera fase, o sea, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, mediante las elecciones realizadas en el mes de noviembre de 1980, ganadas mayoritariamente por el Partido Liberal (PL), el poder militar siguió prevaleciendo sobre la voluntad del pueblo. Los políticos ya convertidos en Diputados Constituyentes de forma sumisa constitucionalizaron al jefe de Estado de facto, general Policarpo Paz García, elevándolo al rango de presidente Constitucional durante dos años (1980-1982).

De tal manera que en las elecciones celebradas en noviembre de 1981 el Partido Liberal vuelve a ganar el proceso electoral en donde se eligió a Roberto Suazo Córdova, como presidente Constitucional; sin embargo, este gobierno no pudo sacudirse la hegemonía de los militares ya que por decisión del Pentágono y el Departamento de Estado de USA, a Honduras, le tocaría en esta oportunidad jugar el papel de portaviones del imperio en la región Centroamericana.

Los norteamericanos le impusieron a Suazo al entonces coronel, después convertido en general de división, Gustavo Álvarez Martínez, como Comandante General de las Fuerzas Armadas (FFAA), y quien en muchos de los casos se convirtió en el poder real . Mientras tanto, Diputados al Congreso Nacional y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), eran figuras decorativas facilmente controlados por Suazo y Álvarez.

Fue fácil para la política imperial imponer a través de estos dos personajes y la sumisión de los diputados, la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) y la guerra contra insurgente a todo el movimiento popular que luchaba por sus propias reivindicaciones, o que en todo caso, brindara solidaridad al pueblo de Nicaragua y su revolución sandinista o al proceso revolucionario salvadoreño quienes se encontraban en la etapa de insurrección general.

Como política de Estado se persiguió, asesinó y se desapareció a los opositores al régimen, especialmente aquellos vinculados a los procesos revolucionarios y de propuestas de cambio social en el país. Honduras fue convertido en zona de nadie, en el territorio operaban bases militares y ejércitos de Norteamérica, El Salvador, bandas de contrarrevolucionarios nicaragüenses, y mercenarios torturadores de Argentina e Israel. También se estableció el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), para entrenar soldados salvadoreños. Se establecieron las bases militares del Aguacate, Palmerola y Gracias a Dios. A la par se desarrollaron una serie de ejercicios militares con el ejército de Estados Unidos. Todo ello a vista y paciencia de los miembros del parlamento hondureño.

Para ese período fue manifiesta la ambición de varios diputados incluido el presidente del Congreso Nacional Efraín Bu Girón de alcanzar la nominación a la presidencia de la República por el Partido Liberal. De nuevo se suscitó una crisis interna alrededor del partido de Gobierno. Ministros, Diputados y altos funcionarios les entró la fiebre por la presidencialitis. La crisis fue de tal magnitud que de nuevo tuvieron que recurrir a los batallones y a los mismos grupos de poder. De allí surgió la llamada opción “B”.

Eran tantos los candidatos que los mismos diputados no tuvieron ningún empacho en violar la Constitución que tanto dicen defender. De estas elecciones salió electo un personaje que muchos en el entramado político consideran que siempre mantuvo la doble nacionalidad, española y hondureña, me refiero a José Azcona del Hoyo, gobierno que por sus características, resultó ser débil y sumiso a los militares, los grupos económicos y a la política imperial de intervención de Centroamérica del Pentágono norteamericano.

Aunque Azcona en los últimos meses de gobierno se negó a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que implico que la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), no le realizara un desembolso de setenta y cinco millones de dólares ($75 millones), que su gobierno necesitaba con urgencia para fortalecer la balanza comercial.

Los militares para esa época estaban asociados a la guerra contrainsurgente de Centroamérica y hacían causa común con los grupos irregulares de la contrarrevolución nicaragüense que desde territorio hondureño combatían a los sandinistas. Ya para la década de los 8os, se había impuesto la corriente neoliberal impulsada desde el triunfo de Margaret Thacher en Inglaterra y de Ronald Reagan en los Estados Unidos. El Estado policial y militar alcanzó mayor fuerza y se impuso como un bastión principal en el desmontaje del Estado de Bienestar y de las conquistas sociales de los trabajadores. Desde el mismo poder se declara una guerra preventiva y de baja intensidad contra todo el movimiento social.

En la década posterior el Modelo entra con mayor vigor al llegar a la presidencia Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), un político de la nueva generación de los llamados “Chicagos Boys” y quién con su sagacidad y olfato político llega a controlar todos los poderes del Estado con el apoyo de los grupos de poder. En este período es manifiesto el aceleramiento en el desmontaje del Estado ya que el proceso de privatización tanto de bienes, infraestructura y recursos naturales, privilegia a pequeños grupos económicos ligados al financiamiento de las campañas políticas de los partidos tradicionales.

Los parlamentarios mal llamados “padres de la patria” actúan en el Congreso más que como representantes de la expresión popular, como genuinas mafias de las elites de poder. Es en el gobierno callejista que los Programas de Ajuste Estructural (PAEs), se vuelven más radicales y dolorosos para la población pobre. Se desmontan los laboratorios que elaboraban medicinas para los hospitales públicos, también las unidades de construcciones y mantenimiento escolar .El mercado lo regula todo. Los monopolios y oligopolios hacen su agosto. El Estado se convierte en el mayor cliente de bienes y servicios: Las familias árabes se consolidan haciendo negocios pervirtiendo y corrompiendo a los políticos que se han adueñado de los partidos políticos y las estructuras del Estado, a través de las licitaciones públicas amañadas.

Todo les funciona bien. El descalabro económico sumado al mayor empobrecimiento de la población hace que un hombre que por más de 50 años buscara la presidencia de la República, finalmente llegue a ella. Se trataba de Carlos Roberto Reina (QEPD), hay gran expectación por lo que pueda suceder con la llamada (Revolución Moral), ya que se trata de un antiguo aliado de los sectores populares y un destacado defensor de los Derechos Humanos. La administración Reina adquiere los legados del desgobierno Callejista. El primer reto es como enfrentar la crisis de energía eléctrica, que somete al país a fuertes racionamientos del fluido eléctrico.

Es allí cuando el gobierno entra en negocios con los vendedores de energía térmica para paliar la crisis. Las mismas familias árabes (Facussé, Kaffié, Nasser y otros) entran de nuevo y logran contratos “leoninos” que enajenan los recursos del Estado hasta por medio siglo. Los diputados como siempre sólo reciben órdenes de sus amos y en sesiones nocturnas y maratónicas aprueban los onerosos contratos de venta de energía a base de hidrocarburos importados. La estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) entra en una profunda crisis financiera. De nuevo los flamantes congresistas ven la tabla de salvación en los consumidores a través del aumento exagerado de las tarifas de electricidad.

Si hay algo rescatable del Gobierno de Reina, es la desmilitarización de la sociedad hondureña, a través del Servicio Militar Educativo y Voluntario y el traspaso de la Policía del poder militar al poder civil. También cuenta mucho la creación del Ministerio público (MP) y el traspaso de la Policía de Investigación a este ente recién creado – aunque de nuevo fue traspasada la investigación a la policía con el repudio de la población-. Este esfuerzo más las millonarias inversiones de la comunidad internacional y del Estado, da lugar a pensar que ha sido en vano por el comportamiento errático, asumido por la policía y el poder Judicial en el conflicto generado por el rompimiento constitucional del 28 de junio y con el secuestro y expulsión del ciudadano presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.

De nuevo se genera un conflicto como ha sido la costumbre cuando el Presidente del Legislativo de esa época Carlos Flores Facussé, impulsa su campaña política desde el seno del legislativo acusado de utilizar los recursos económicos y humanos de ese poder del estado para su usufructo personal. Flores logra su propósito de convertirse en presidente de la República después de dos intentos anteriores fallidos. Esta administración sirve para consolidar los grupos de poder que tienen su nicho en los negocios con el Estado.

La administración Flores ha sido considerada un desastre rotundo en lo político, social y económico únicamente “Salvado por la Tormenta” Tropical MICH que azotó Honduras a finales del mes de octubre de 1998. Este evento natural le sirvió como excusa para retrotraerse de los problemas fundamentales del país y enfocarse a la solicitud de cooperación ante la comunidad internacional.

De esta época hacía adelante el país se convierte en “limosnero internacional” al entrar con “bombos y platillos” al Club de los Países Altamente Endeudados a través de la iniciativa HIPC. Flores se adueña a través de grupos familiares de toda la estructura del Partido Liberal. No hay problema social y político que no sea controlado por él. Actualmente este personaje controla la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP), Contraloría General de la República (CGR) y tiene mucha influencia en el nombramiento de funcionarios en instituciones centralizadas y descentralizadas y ejerce mucho poder en el Congreso Nacional de la República (CN), por medio de su hija Lizzy Flores Flake, actual vicepresidenta de la Cámara Legislativa. En los sucesos del 28 de junio él tiene amplia participación aunque alejó a su hija de su participación por simple cálculo político ya que pretende en el futuro convertir a su retoño como futura presidenta de Honduras.

Negocios son negocios y si se trata con el Estado que cosa mejor que ello, dirían los grupos de poder especialmente las 10 familias beduinas de origen árabe que se han apoderado de Honduras. Por esta sencilla razón Flores Facussé no apoyó las ambiciones de Rafael Pineda Ponce, ( Presidente del Congreso Nacional), de pretender (muy alto por cierto) ser presidente del país, sin contar con la estatura económica, política, moral e intelectual, que le hicieran merecedor del respeto y apoyo de los grupos de poder. En pocas palabras, se trataba de un pobre diablo ambicioso y petulante, no apto para administrar los negocios del Estado.

Las ambiciones de Pineda Ponce quien actuaba como Presidente del Congreso Nacional, permitió que de nuevo se violara la Constitución al autorizar que una Comisión de Juristas nacionales e internacionales interpretara la Carta Magna en lo relacionado con la inscripción de un ciudadano nacido en la república de Panamá. De esta manera, se le quitaba la competencia al legislador de aplicar la hermenéutica jurídica, tal como lo establece la ley.

Esta comisión (ilegal) recomendó la inscripción en el proceso electoral de noviembre de 2001 del panameño Ricardo Maduro Joes, quien ya había participado en el proceso electoral interno de su partido por medio del testaferro de Luis Cosenza Jiménez. Como resultado y con el apoyo de los grupos de poder empresariales, Maduro se convirtió en el presidente de Honduras.

El nuevo gobierno entró de lleno con una fuerte política represiva en contra de los jóvenes especialmente de los barrios populares

“Cero Tolerancia” se convirtió en el pilar fundamental de la nueva política del Estado. Las pandillas juveniles, (conocidas como Maras) fue el objetivo de guerra de los nuevos inquilinos de casa de gobierno. El militarismo y el Estado policial represivo siguió fortaleciéndose en desmedro de la política social.

Los más fortalecidos con las políticas fiscales, económicas y represivas fueron los grupos económicos de Honduras y El Salvador, ya que Maduro y su cuerpo de diputados, a la cabeza de Porfirio (Pepe) Lobo, jamás representaron los anhelos de los pobres. Para qué? Los pobres sólo son estadísticas no cuentan como consumidores. Esa es la lógica del capitalismo.

En el siguiente proceso electoral 2005 para no perder la costumbre de valerse de los recursos del Estado, especialmente de las estructuras del Congreso Nacional, Lobo como presidente de ese poder del estado inició una campaña tempranera en busca de la Presidencia de la República, a sabiendas que la misma ley se lo prohibía por las reformas constitucionales que los diputados en consenso con todas las bancadas y con el visto bueno de la cooperación internacional habían realizado.

La Ley no tiene carácter retroactivo, repetía constantemente a sus interlocutores, como todo político tramposo. No le importó que la misma comunidad internacional hubieran avalado las reformas que permitieran mayor grado de democratización y participación ciudadana. Como presidente del Congreso hizo valer su propia voluntad.

La subsiguiente campaña fue tempranera y enfrentó en el entramado político a dos súbditos olanchanos en la búsqueda de la presidencia de la República. Ambos, tanto Lobo como Manuel Zelaya Rosales, ligados a la explotación agrícola y beneficiados directamente de la estructura agraria colonial en el agro hondureño. Por eso se esperaba que cualquiera que ganara las elecciones haría un gobierno conservador y muy afín a los grupos de poder.

Sin embargo, a pesar de las encuestas de opinión (amañadas) que daban como favorito a Lobo el vencedor en los comicios fue Zelaya. quien una vez hecho gobierno, ejecutó una política social muy alejada de las pretensiones de la burguesía y oligarquía criolla. La Ley de participación Ciudadana, el Estatuto del Docente, la Red Solidaria, Los combustibles, la Alba, la proximidad con los gobiernos de América Latina afines al Socialismo del Siglo XXI, su acercamiento a Cuba y su líder Fidel castro, más el anuncio de una tentativa Asamblea Nacional Constituyente, le granjeo la antipatía de los sectores conservadores nacionales e internacionales.

A pesar de ello Zelaya cometió el mismo error de sus antecesores, continúo privilegiando la política militarista y policial. A los militares les dio nuevas competencias como el de cuidar el bosque a sabiendas que los mismos han sido depredadores de los recursos naturales. También les asignó tareas administrativas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con los antecedentes de quiebra de empresas, tal como había sucedido con las del Instituto de Previsión Militar (IPM), asimismo, les asignó la tarea de construcción del aeropuerto civil en la base aérea de Palmerola, sin que las FFAA tuvieran competencia legal para ello.

No bastando lo anterior, también se le confirió el derecho de acompañar el proceso político de la Consulta popular más conocido como la cuarta urna. De este último los funcionarios de Zelaya argumentan haberles entregado 90 millones de lempiras entre la Secretaria de Seguridad y la Secretaria de Defensa. Hasta el día de hoy los ministros de esas secretarias no han dicho nada de los recursos del estado que ellos manejaron.

Además el presidente cometió el error de equipar al ejército y a la policía con pertrechos de guerra modernos que estos han estrenado reprimiendo al mismo pueblo. Asimismo, la mejora en sus condiciones salariales tanto para oficiales como para soldados y agentes. Todo ello lo tiene que pagar el pueblo con sus impuestos. La llamada modernización de la policía y el ejército sólo ha servido para descargar sus instrumentos letales en contra de la humanidad de la población civil e indefensa que lo único que ha hecho es protestar en contra del rompimiento constitucional.

De esta manera el poder militar fue adquiriendo mayor control en varias instituciones del Estado y fue de nuevo copando espacios en el entramado civil que en otros países ya habían perdido.

Es lógico suponer que con el descalabro del modelo neoliberal con sus programas de Ajuste Estructural (PAE), la población se ha empobrecido cada día aún más y los niveles de exclusión social han aumentado, con lo que se ha generado mayor índice de violencia, ya sea desde la propia comunidad, o desde las propias instituciones del Estado

Con los espacios ganados y que los propios civiles les han entregado fue fácil que los grupos económicos, la ultraderecha nacional e internacional, los grupos religiosos fundamentalistas, el poder mediático y los mismos partidos políticos tradicionales, de nuevo tocaran las puertas de las barracas militares para poder frenar el proyecto político-popular de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, a pesar de la represión generada por el golpe de Estado del 28 de Junio, el pueblo esta en las calles y en sus trincheras de lucha, en busca de la victoria final.

Para finalizar el presente trabajo, sólo me resta concluir con la siguiente cita: “La inclinación de determinados grupos sociales a las ideologías militaristas se puede considerar desde el punto de vista Psicológico, como una manifestación de la mentalidad sadomasoquista”[3]



[1] Profesor Titular UNAH, Editor de la Revista Centroamericana de Economía y el Boletín Análisis Económico. Autor de varios ensayos y artículos políticos, sociales, económicos y de Derechos Humanos.

[2] Juan Jacobo Rosseau. El Contrato Social: Ediciones Quinto Sol, México,1987.

[3] Reinhard Kuhnl. Liberalismo y Fascismo: dos formas de dominación Burgués Fontanella, Barcelona,1982.

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